lunes, 26 de mayo de 2014

Argentina, el país con más robos por cada cien mil habitantes de Amércia Latina

Más del 36 por ciento de los hogares argentinos fue víctima de un asalto en 2011. Crece el número de delitos cometidos por personas que solo buscan un ascenso social


Escena de violencia en un partido de fútbol en Argentina
La espiral de violencia en Argentina parece no tener descanso. A la delincuencia común se suman las agresiones entre colegiales y estudiantes en una dinámica que lleva camino de convertirse en secuencia común. 

La concejal Paola Caputo, hija de Dante Caputo, ex ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de Raúl Alfonsín, fue atracada a metros de su casa. La golpearon y patearon en el suelo pese a que los asaltantes ya le habían robado el bolso. «Tenía las llaves de casa en la mano y no entraron. Pudo ser mucho peor», se consuela.

El caso se suma a una lista de agresiones que aumenta año tras año, mes tras mes y día a día. Álvaro Herrero y Sofía Mercader, miembros del Laboratorio de Políticas Públicas, realizaron un minucioso análisis de la evolución de la violencia donde advierten: «el delito va en aumento. Argentina fue, entre 2005 y 2011, el país con mayor cantidad de robos por cada cien mil habitantes en América Latina. En 2007, el 27,1 por ciento de los hogares fue víctima de un delito y el pasado año, en el 2013, aumentó al 36,4 por ciento».

Las apreciaciones de ambos están recogidas en el informe «Seguridad Ciudadana: Notas para el Debate». En éste consideran que «la persistencia de la inequidad, el empleo precario y las barreras para la movilidad social han dado lugar» a lo que ellos llaman «delito aspiracional» que es aquel «cometido por individuos dispuestos a desafiar y romper las reglas en función de una posibilidad de ascenso social».

En este contexto el delito en Argentina no es extraño que vaya de la mano o se produzca con la connivencia entre las autoridades y los criminales. Herrero y Mercader, advierten que “el 70 por ciento de los reclusos trabaja al mismo tiempo que delinque”. En algunos casos los presos tiene «licencia» para salir de la cárcel a delinquir y regresar después a su celda. En otros, los crímenes se organizan desde dentro de sus muros.

Secuestro express

Los llamados secuestros express o fantasmas se realizan desde teléfonos de las prisiones con un cómplice en el exterior. El preso llama a una persona y le indica que su marido o hijo -aunque es falso- está en su poder. Le exige un rescate inmediato -a ser posible en dólares- y le prohíbe llamar a la policía bajo amenaza de que si lo hace no volverá a ver a su ser querido. En el transcurso de la conversación el supuesto secuestrado llega incluso a hablar por teléfono con su familia. «La tensión, el nerviosismo y el desconcierto te impiden reconocer que no es tu hijo. Además, se dirigió a mi con expresiones habituales», recordaba hace unos días la decoradora Gloria César, víctima del engaño.

El caso de Paola Caputo, en el distrito bonaerense de Vicente López, es uno más en la provincia más violenta de Argentina. El gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, declaró hace unas semanas la emergencia en seguridad. «La situación de esta provincia -observan Herrero y Mercader- refleja un diagnóstico repetido. La incapacidad de los gobiernos -nacional y provinciales- para desplegar políticas de seguridad eficaces con una mirada a largo plazo». En ese línea, destacan, «sólo han logrado agudizar los problemas y generar una sensación de ausencia de Estado y de escasa pericia en el manejo de la situación”.

El caso de Buenos Aires, la provincia que concentra un tercio de la población argentina, encuentra un espejo reducido o diferente de sus males en «la de Santa Fe, donde se ha desatendido la problemática del narcotráfico y en pocos años éste se ha convertido en un flagelo de proporciones inusitadas con una penetración preocupante en las fuerzas de seguridad», observan.

Diagnóstico y tratamiento

Droga, violencia y trata de personas son tres síntomas de una Argentina que no estaba acostumbrada a la fiebre del delito. «Hay un crecimiento del crimen organizado -señalan los autores del informe-. En las provincias adopta otras formas además de la del narcotráfico: la trata de personas, donde las respuestas son menos y mucho más ineficaces», lamentan.

Descrito el diagnóstico, Álvaro Herrera y Sofía Mercader proponen, «una visión integral de la seguridad ciudadana que incluya políticas de prevención social, la reforma del sistema de justicia, mejoras al hábitat urbano, políticas penitenciarias respetuosas de los derechos humanos que cumplan con el fin de resocializador y estrategias focalizadas según los grupos vulnerables más propicios a ser ejecutores y/o víctimas de la violencia». Quizás, con estas medidas, el escenario de Argentina no resultaría tan dramático.

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