Al tiempo que denuncia una conspiración de malvados, el gobierno apaña una conspiración de ineptos.
Las divisas no van a las reservas, sino a los bolsillos de los comerciantes o de los cambistas del “blue”.
Sergio Serrichio
Desde la instauración del cepo cambiario, la Argentina perdió reservas internacionales por más de 6.000 millones de dólares. En el mismo período, las de Brasil aumentaron más de 23.000 millones de dólares, las de Perú, más de 18.000 millones, las de Colombia, cerca de 5.200 millones, las de Uruguay, 2.650 millones, las de Chile, 1.300 millones. Es obvio que no se trata de un problema regional: mientras nuestro país “perdía” 6.000 millones de dólares, esos cinco vecinos “ganaban” más de 50.000 millones.
No es ésa, por cierto, la única particularidad de los últimos 18 meses, poco más o menos. En 2012, la economía argentina fue la economía latinoamericana que registró una caída más abrupta de su tasa de crecimiento y la única en que la inflación se aceleró.
Producto de esa inercia inflacionaria, que no aflojó ni siquiera en un contexto recesivo, en enero la inflación verdadera sobrepasó el 2,5 % mensual (anualizada, cerca del 35 %) y motivó la decisión, ejecutada por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, de congelar precios en supermercados y cadenas de electrodomésticos por 60 días. Congelamiento que ahora se prolongó por otros 60 días y sin dudas volverá a prorrogarse a fin de mayo, con menguante eficacia.
Mientras a golpe de telefonazos y amenazas atiende los saltos del dólar paralelo (o blue), congela precios, prohíbe a supermercados y cadenas de electrodomésticos publicitar sus promociones en los diarios, promueve una “supetarjeta” de compras y hace correr que, si la liquidación de la campaña sojera se demora o escasea, aplicará la ley antiterrorista para forzar a los chacareros a vender, el gobierno no repara en que son sus propias políticas las que debilitan el peso e instan a muchos a refugiarse (para preservar ahorros, o simplemente para especular) en la moneda norteamericana, aun al riesgo de manejarse en un mercado ilegal.
La madre del borrego
Desde que Cristina Fernández de Kirchner (CFK) es presidenta, la base monetaria, esto es la masa de dinero “de base” emitida por el Banco Central, aumentó más de 600 por ciento. En tanto, el gasto público consolidado fue en 2012, el quinto año completo de presidencia crisnerista, 511 % más alto que en 2007. Proyectando que este año, de cruciales elecciones legislativas, el gasto crecerá 48 %, se llega a que en 2013 el gasto público total será poco más de 800 % superior al de 2007. Así, CFK, que en cinco años multiplicó el gasto por seis, al cabo del sexto año lo habrá multiplicado por nueve.
El gobierno, los medios adictos (y hasta podría decirse adicto-dependientes, porque no podrían vivir sin la publicidad oficial), los fieles al culto K y quienes aun dan algún crédito al relato oficial, insisten en que estas cuestiones no tienen nada que ver. La inflación o la suba del dólar, que consideran “injustificadas”, dicen, serían producto de una conspiración de malvados: medios, “formadores de precios”, empresarios y comerciantes inescrupulosos, sindicatos angurrientos, etcétera.
Ignoran así una profusa y abundante evidencia histórica. Ni los congelamientos de precios ni las prohibiciones u operaciones policíacas para controlar el dólar han dado jamás resultados positivos, salvo algún alivio de corto plazo. Y las políticas de gasto desbocado financiado con emisión desenfrenada, salvo en condiciones excepcionales, siempre provocan inflación.
Políticas que agravan
Las “políticas” oficiales (de algún modo hay que llamarlas) no solo no atacan en serio los problemas, sino que tienden a agravarlos. Un caso a la vista es la reversión del saldo de divisas del turismo, ahora deficitario. Mientras a muchos argentinos les sigue conviniendo viajar al exterior y gastar allí al cambio del “dólar-tarjeta”, que termina proveyendo el Banco Central, quienes visitan nuestro país tienen que ser demasiado desinformados o temerosos para cambiar sus divisas al tipo de cambio “oficial”, si pueden hacerlo al paralelo, lo que aumenta más de 50 % su poder adquisitivo. Así, esas divisas no van a las reservas, sino a los bolsillos de los comerciantes o de los cambistas del “blue”. Ese desbalance entre dólares “salientes” que provee el Central e “ingresantes” que van a los particulares, ya supera los 200 millones de dólares mensuales. Tal muestra de ineptitud remata con un chiste: la política cambiaria oficial se resume en una sigla: Mulc, Mercado Único y Libre de Cambios, que obviamente no es libre ni es único.
Ahora, el gobierno deja correr versiones sobre la aplicación de la ley antiterrorista, como presión para que los chacareros liquiden cuanto antes su cosecha. El razonamiento es sencillo: cuanto antes entren y cuantos más sean los dólares sojeros, mejor estará al gobierno (más reservas, más recaudación) para sostener su política económica.
Pero, como se pregunta el economista y consultor Federico Muñoz, “¿entenderá Cristina que forzar la liquidación de la soja de los silos-bolsa sería conceptualmente idéntico a forzar la apertura de una caja de seguridad y exigir la venta de los dólares allí guardados?”. El riesgo es similar al que ya se vio con otras medidas para “resolver el problema del dólar”: manotazos así no hacen más que profundizar la desconfianza y el temor y erosionar cada vez más al peso (o, lo que es lo mismo, promover la inflación).
El gobierno se adentra en la segunda etapa del congelamiento e intenta frenar el ímpetu sindical en las paritarias salariales. Son cuestiones de corto plazo. La cuestión de fondo es si insistirá en la cada vez más contraproducente política del garrote o revisará sus políticas monetarias y fiscales para atacar en serio la inflación.
Con su voltereta ante el Papa Francisco, la presidenta ya mostró que, cuando le conviene, es capaz de cambiar rápidamente de posiciones. Habrá que ver si de políticas.
"Ni los congelamientos de precios ni las prohibiciones u operaciones policíacas para controlar el dólar han dado jamás resultados positivos, salvo algún alivio de corto plazo".
"Las “políticas” oficiales (de algún modo hay que llamarlas) no solo no atacan en serio los problemas, sino que tienden a agravarlos".
ellitoral.com
